sábado, junio 27, 2015
2

por José Miguel Orts Timoner

Los diccionarios, con el retraso que implica el trabajo de rastreo de los lexicógrafos, van registrando nuevas palabras, nuevos significados de palabras preexistentes. Y van dando de baja, o archivándolos como anacronismos, los términos caídos en desuso.

Un ejemplo de variación estadística del uso es el término “legítimo” y sus derivados “legitimidad”, “legitimismo”, “legitimar”, etc.

Nos dice Larousse que “legítimo” es “lo establecido o hecho conforme al derecho”. Y comparte significado  con justo, lícito, auténtico, verdadero. Otras fuentes, emparentan el concepto con, genuino, propio, natural, fidedigno, estatuido, equitativo, razonable, de ley, puro.

El pariente semántico más cercano es “legal”. Pero advierten los técnicos en la materia, que mientras “lo legítimo” lo es siempre, “lo legal” puede dejar de serlo cuando la ley se muda. La venta y el cambio son causas legítimas de adquisición; la primogenitura y la prescripción son causas legales.

Para lo que interesan estas disquisiciones librescas, es para resaltar precisamente que la legitimidad como concepto jurídico es previo y superior a la legalidad. Pero es una noción de difícil digestión si  reducimos la comunidad política a un simple agregado de elementos que mandan u obedecen, al margen de tradiciones, según reglas de juego convenidas. Si excluimos del ámbito de las relaciones humanas la existencia de Dios y su relevancia histórica.

“La cuestión central y permanente para toda reflexión de teoría política – nos dice Álvaro d’Ors en “La violencia y el Orden”, Dyrsa, Madrid, 1987, p. 47 y ss – es la quién, en cualquier sociedad, debe mandar y quién obedecer”. Pero mandar es  también un modo de obedecer, porque toda potestad es delegada. Debe mandar quien ha recibido el mandato de mandar conforme a ley. Y la cadena en busca del mandato originario termina inexcusablemente en Dios, sea cual fuere el procedimiento de designación del mandatario,  sus creencias y hábitos, el tipo de régimen político…

Del mismo término latino “lex” derivan tres clases de normas de ámbito diferente: legitimidad, legalidad, y lealtad. D’Ors las clasifica respectivamente como supraconvencional, convencional pública y convencional privada.

“La legitimidad implica el reconocimiento de una ley más permanente que la legalidad: no depende de un convenio social, sino de una causa suprapersonal, la Ley de Dios, completada por la que impone la identidad histórico-moral de un grupo social” (D’Ors, op.cit., p. 48). Es legítimo, pues, el poder mandado por Dios, y acorde con la constitución natural de la comunidad, que puede ser tan plural como la geografía y la historia de cada pueblo.

La acepción más común de “legitimismo” es la doctrina de los monárquicos partidarios de una rama dinástica que para ellos tiene más derechos al trono que la establecida. Se aplica especialmente a los que propugnaban en la Francia de 1830 la restauración de los Borbones, a los carlistas españoles desde 1833, a los jacobitas de Gran Bretaña y a los miguelistas portugueses.

La evolución de acontecimientos y valores hace, en la actualidad, de difícil intelección los derechos dinásticos, incluso en los países con monarquía establecida. Los pleitos familiares por coronas fácticas o virtuales son considerados entelequias ajenas a la realidad de la vida.

La supervivencia del Carlismo en España es un fenómeno singular. Su peregrinaje en el desierto, de derrota en derrota, con la Dinastía primigenia extinguida, curtiéndose en la lucha contra monarquías liberales, repúblicas y dictaduras, suscita, al menos curiosidad y asombro.

La Causa carlista, a lo largo de los casi dos siglos de existencia, se ha ido transformando y sistematizando como movimiento político desde su inicio con las armas en la mano contra las diferentes etapas de la Revolución que pretendían moldear desde el poder las maneras de vivir y de pensar de los españoles. Ha sido milicia, escuela de pensamiento, partido político no homologable, manera de entender la vida, dentro de una más amplia cosmovisión cristiana. Ha llegado a tener un ideario modélico que ha inspirado programas circunstanciales que han llegado a suscitar respaldos sociales significativos en regiones españolas de características muy distintas. De aquellas llamas perduran apenas rescoldos sepultados en cenizas.

Los legitimistas que seguimos esa misma bandera, tenemos claro que nuestros afanes no se agotan en el cambio de retrato del monarca. Propugnamos una alternativa global al sistema. Y esa alternativa no puede ser presidida por la misma familia aliada sistemática de la Revolución en sus sucesivas fases. Cambiar de dinastía sin variar el régimen y sus contenidos acarrearía una nueva frustración histórica, y con ella el finiquito de nuestra Causa.

Recordaba Luis Pérez Domingo que don Manuel J. Fal Conde comparaba la figura del Rey legítimo con el tapón idóneo de una botella de buen vino. Gracias a ese artilugio el vino se mantiene sin agriarse. Nuestro Rey se reserva para cuando tengamos una monarquía como Dios manda, como nuestra tradición merece, como las necesidades de nuestra Patria requieren.

Se puede y se debe ser legitimista en 2015. Es nuestra obligación transformar en legítima esta legalidad en descomposición. Para eso somos leales a las personas llamadas a encarnar esa legitimidad.

Dios ilumine las mentes y las voluntades de los señalados por la historia para esa misión que les va a pedir la dedicación de su vida. Muchos dejaron su vida en el camino para que ellos pudieran cumplir con su deber.


2 comentarios:

  1. Antonio Javieroctubre 25, 2015

    Rey legitimo ya.

    ResponderEliminar
  2. Me gusta Antonio Rivero la humildad es el principio de la santidad y a todos nos ha falta mucha humildad porque sera el comienzo de la unidad en el carlismo , para que todos seamos una verdadera comunión

    ResponderEliminar