lunes, junio 02, 2014
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“En esta hora de turbación, de que no escapan ni los más altos, unos grupos de españoles, fieles a los valores de unidad y de continuidad de la historia de España, han querido restaurar la propia fortaleza en una hora de vecindad con las cenizas de los Reyes, cuya obra vive y vivirá en la realidad nacional para comulgar en su recuerdo y nutrirse de cara al porvenir en la más viva sustancia del pasado”
(Eugenio D`Ors. Febrero de 1931)

Si la dinastía ilegítima que ocupa el trono en la actualidad cayese y se convirtiera en cenizas, no seré yo quien derrame por ella lágrima alguna. Lloraré por España porque el advenimiento de una República, a la vista de las experiencias históricas y del carácter de nuestros compatriotas, abriría un período aún más inquietante y peligroso para la estabilidad socio política y la unidad de nuestra Patria.

Nunca me he considerado monárquico porque lo considero un reduccionismo. Soy español y trato de ser práctico y por ello soy tradicionalista, y como tal, soy carlista. Por todo ello, inevitablemente, asumo la monarquía como una institución muy conveniente para España. No hay pasión alguna por tanto en  mi defensa de la monarquía. En mi falta de entusiasmo y sin remontarme a otros reyes nefastos, pesan los errores tan graves y burdos que Juan Carlos ha cometido durante su reinado admitiendo, con su inoperancia política y con su sanción real, los ataques directos a la vida, la familia y a la unidad de España. No acuso a humo de pajas al Jefe del Estado. Con todo el poder en sus manos a partir del 20 de noviembre de 1975 y con el limitadísimo poder pero sobre todo con la autoridad (auctoritas) que le permite ejercer la Constitución de 1978 (vid. el Título II), el Jefe del Estado tiene su correspondiente cuota de responsabilidad en el holocausto del aborto, la devastación del divorcio, la degradación de la pornografía, el otorgamiento de competencias delicadísimas a las comunidades autónomas con intenciones separatistas, etc. Desde que se aprobó la Constitución firmó (sancionó) todo lo que se le puso encima de la mesa. Es cierto que este texto legal le arrebató toda función ejecutiva directa; no se le permitió –él no hizo nada por ello- tener un consejo del reino que pudiera asesorarle y hacer de contrapeso a los posibles excesos de las instituciones del Estado: parlamento, gobierno...  Pero si al menos hubiera practicado desde 1978 lo que el artículo 56.1 de la Constitución establece, “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”, siempre como amparador de los débiles, del pueblo llano, estoy convencido que la inercia política de España hubiera sido muy distinta. Porque todos los presidentes y todos los gobiernos de cualquier color hubieran sabido, desde el primer momento, que con Juan Carlos en el trono no se hubieran podido aprobar determinadas leyes jamás. Hubiera bastado que, en julio de 1981, cuando Leopoldo Calvo Sotelo le puso a la firma la Ley del Divorcio, Juan Carlos le hubiera dicho que no iba a sancionarla. Bastaría que hubiera actuado al menos con la mitad del celo que puso para neutralizar meses antes el golpe de Estado: “lo siento Leopoldo, no voy a sancionar esta ley y te lo dije hace meses; soy el rey y mi obligación es moderar el funcionamiento del parlamento español que no puede legislar contra el hombre, contra el matrimonio ni la familia, ni contra España”.

Alguien puede pensar que eso es utópico en una monarquía parlamentaria y que la realidad jurídico-constitucional impediría haber actuado así. Lo dudo mucho porque en la vida política se hacen y se dicen muchas cosas, por parte de muchas personas, antes de que se aprueben las normas. En todo caso, como carlistas, debemos de ser prácticos y, ante una eventual y futurible reforma constitucional, cabría aprovechar para abogar por un perfeccionamiento de la figura del monarca a través de la introducción, por ejemplo, de la institución del consejo del reino como órgano asesor del rey que le permitiera ejercer mejor su papel como moderador de las instituciones. Y siempre y en todo caso, debemos de seguir defendiendo y difundiendo la monarquía legítima en su origen y sobre todo en su ejercicio.
 
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